La lucha contra los accidentes de tráfico ha alcanzado una nueva cota. El director del Servicio Catalán de Tráfico, Joan Josep Isern, planteó este lunes en una entrevista a Europa Press que las autoridades puedan retirar de forma temporal el permiso de conducir a las personas adictas al alcohol u otras drogas, o que estén en tratamiento con psicofármacos que puedan mermar su capacidad al volante. La medida, según Isern, es necesaria para “llegar al año 2050 sin muertos”. Es evidente que el alcohol y las drogas son un peligro para la seguridad del tráfico. El 47% de los muertos en accidentes examinados por el Instituto Nacional de Toxicología en 2012 dieron positivo en las pruebas de alcoholemia, presencia de psicofármacos o drogas. El estudio recoge los resultados de los análisis toxicológicos realizados a 832 fallecidos (la mayoría conductores, también peatones y acompañantes).

El porcentaje fue dos puntos mayor que el año anterior, que se situó en el 45% de positivos en sangre de las sustancias analizadas. La tendencia está al alza desde los últimos cinco años: en 2008 era del 40% y en 2010, del 42%. Etre los que dieron positivo, el 74% había ingerido alcohol, frente al 26% que presentaba restos de consumo de drogas o el 28% que había consumido psicofármacos. Tanto el consumo de alcohol como el de psicofármacos entre los fallecidos fue mayor que en año anteriores. La ingesta de drogas, sin embargo, presentó valores más bajos.

A esos datos se agarró Insern cuando lanzó la propuesta a la agencia de noticias. “No puedes tener un problema grave de dependencia al alcohol, drogas o un tratamiento médico y poder conducir”, declaró el director del SCT. El organismo responsable del tráfico en Cataluña, sin embargo, declinó concretar más la iniciativa a pesar de las reiteradas peticiones de este diario.

Isern pidió la colaboración de los fiscales y dio por hecho que de aplicarse una medida de este estilo, debería hacerse “en colaboración” con el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña. Salud defendió este lunes su “total respeto a la confidencialidad de los pacientes”. Pese a subrayar su disposición a colaborar con Tráfico, el departamento precisó que “habría que estudiar bien” cómo se articularía la retirada del carné a estas personas sin vulnerar la confidencialidad de sus datos.

Aunque los expertos en seguridad vial no dudan de la lacra que supone el consumo de alcohol y drogas para la circulación, la propuesta de la autoridad vial catalana despertó las críticas de médicos, entre otras razones por la “estigmatización” que puede suponer para los pacientes. Los expertos también ponen en duda su efectividad e incidieron en los problemas que acarrearía para garantizar la confidencialidad de una información muy sensible.

Tampoco los juristas lo ven claro. “El derecho castiga las conductas, no las formas de ser”, critica la abogada Olga Tubau. Retirar el carné a una persona que no ha cometido ningún delito podría ser incluso “anticonstitucional”. “Como mínimo, habría que demostrar que esa persona está poniendo en riesgo la seguridad vial”. “Sería una sanción injusta y arbitraria, porque no está vinculada con una conducta peligrosa concreta”, dice la letrada.

La propuesta de Isern “confunde la adicción con la intoxicación”, mantiene Antoni Gual, jefe de la Unidad de Adicciones del Hospital Clínic de Barcelona. El médico está de acuerdo en que la ley persiga a las personas que “conducen intoxicadas”, pero estos no son necesariamente los adictos. Una cosa es beber un fin de semana y causar un accidente y otra muy distinta es tener un problema de adicción persistente.

Además, es posible que los adictos que han reconocido su problema estén más concienciados y, por ejemplo, decidan no salir con el coche cuando han bebido. De ser así, esto restaría gran efectividad al planteamiento, ya que retirarles el carné no serviría para reducir la siniestralidad. “Incluso un adicto solo es un peligro para la seguridad pública cuando está intoxicado”, continúa el médico, que opina que el planteamiento de Isern es “una barbaridad”.

Otra crítica a la propuesta es que esta supondría penalizar a las personas que sufren una adicción y deciden hacer algo para ponerle remedio. Según Gual, los servicios de Atención Primaria logran identificar a cerca de un tercio de los alcohólicos, lo que da idea de las dificultades que tienen los profesionales para llegar a estas personas. Si un adicto a las drogas o al alcohol tarda de media 10 años en acudir en busca de ayuda, ¿irá si sabe que corre el riesgo de perder el carné de conducir?

A pesar del revuelo que ha generado la iniciativa, no es la primera vez que las autoridades hacen un planteamiento similar. De hecho, la Dirección General de Tráfico (DGT) instó este año a los médicos a poner en conocimiento de las Jefaturas Centrales si un paciente con una enfermedad transitoria o permanente o por estar tomando una medicación no puede conducir.

El mecanismo lo impulsó la Fiscalía de Seguridad Vial en 2010 a través de un protocolo según el cual cuando los médicos tuvieran conocimiento de que alguno de sus pacientes pudiera cometer un delito y, en caso de fallar todo lo demás, pudieran ponerlo en concocimiento de las autoridades administrativas y judiciales correspondientes. La directora general de Tráfico, María Seguí, reconoció en marzo que se trata de una posibilidad “poco conocida por los médicos”, tal y como recogió entonces este diario.

Por ello, Seguí se reunió con distintos colectivos para mejorar el proceso de comunicación e “involucrarles” en la seguridad vial. Pero aunque existe la “posibilidad” de comunicar que un determinado paciente sufre alguna dolencia que pueda afectar su capacidad para conducir, como un ictus, la epilepsia, el sufrir continuos mareos o pérdidas de consciencia, no hay un protocolo “sistematizado” ni existen “instrucciones claras” a seguir, explicaron tres médicos de grandes hospitales de Madrid y Barcelona.

Algunos profesionales se han mostrado a favor de este planteamiento. Es el caso del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona (COMB), que ya en 2009 elaboró un informe sobre “aspectos médicos relacionados con la conducción de vehículos”. Su presidente, Josep Arimany, cree que poner a disposición de la Administración los datos de salud de adictos y consumidores de psicofármacos es un “paso que hay quedar”, aunque “con todas las garantías”.

Los médicos temen que la amenaza haga que menos adictos pidan ayuda
En ese informe, el COMB planteó el papel del médico como “prescriptor de seguridad vial”. El médico “deberá evaluar las circunstancias, y constatar la existencia de un riesgo real, inminente y actual que ponga en peligro al paciente o a terceras personas”, dice ese informe. Si, una vez dialogado con él y con su familia, este no actúa “conforme a las recomendaciones que se realicen”, entonces “se podrá revelar el secreto profesional para evitar un mal que pueda ser irreparable”. Según Arimany, la que debe garantizar que la información del paciente es confidencial y no se utiliza para otros fines es la propia Administración.

Esto, sin embargo, despierta muchas dudas entre los expertos en protección de datos. A Paloma Llaneza, abogada y experta en el tema, la propuesta de “saltarse el secreto médico para proporcionar la información a la Generalitat” le parece “muy grave”. “Una medida como esta tiene que respetar siempre los principios de pertinencia y proporcionalidad”, asevera Llaneza. “No se puede vulnerar el derecho a la intimidad de las personas si existen otras medidas menos lesivas”, argumenta.

La DGT ya instó a los facultativos a decir qué pacientes no deberían conducir
La abogada se refiere a las sanciones que ya prevé la ley y las que contemplará la nueva Ley de Seguridad Vial, para la que CiU presentará una enmienda en la misma línea de la propuesta de Isern, informó TV3. Entre otras medidas, esta norma castigará “la mera presencia de drogas en el organismo del conductor” con una multa de mil euros y la detracción de seis puntos del carné. En la norma anterior era necesario demostrar la influencia de las drogas en la conducción para imponer la multa, que era de 500 euros, y restar los puntos.

Otro problema que ve Llaneza es el “agravio” que una medida como esta podría suponer para los conductores catalanes con respecto a los del resto de España. “¿Los catalanes estarán sometidos a una normativa más estricta?”, se preguntó la abogada. Consultada por este diario, la Dirección General de Tráfico (DGT) mantuvo este lunes que cualquier medida de este tipo debería tomarse en el conjunto de España, ya que Cataluña solo tiene competencias para ordenar la circulación y poner multas, pero no para otorgar o retirar permisos de conducir.

Si castigar a los adictos genera polémica, hacerlo con los consumidores de fármacos presenta todavía más problemas. Para empezar, “al menos un 20% de la población consume este tipo de medicamentos”, explicó Enric Álvarez, jefe de Psiquiatría del Hospital de Sant Pau de Barcelona. Según Álvarez, no está demostrado que muchos psicofármacos produzcan efectos secundarios que afecten a la conducción. “Los estudios que se han hecho concluyen que en el caso de los antidepresivos, no”, afirmó el médico. En el caso de los medicamentos antipsicóticos “no hay tampoco evidencia científica”. Sí la hay con las benzodiazepinas, pero ni siquiera en este caso Álvarez lo ve claro. “¿Vamos a retirar el carné a una persona que sufre ansiedad y está medicada en dosis bajas?”, se pregunta el médico, que insiste en que cualquier propuesta debe estar basada en una revisión a fondo de la literatura científica.